Una estudiante de doctorado española que cuenta con una titulación de origen argentino se dispone a homologarla con el objeto de obtener una beca de formación de personal investigador. Una vez convalidada dicha titulación, intentó realizar la solicitud de dichas beca pero le fue denegada aun contando con todos los requisitos académicos necesarios para participar de la convocatoria. Esta situación dio lugar a una demanda en procedimiento de protección de los derechos fundamentales formulada contra la Conserjería de Educación de la Junta de Castilla y León.

En el presente artículo, se trata la problemática del cumplimiento de los plazos en la jurisdicción Contencioso Administrativa, más concreta-mente, cuando el traslado de la demanda por el interesado a la Administración demandada y la posterior contestación de la

misma en el plazo señalado por la LJCA es incumplido por la administración, y lo que debería ser una carga procesal para ofrecer la contestación, se convierte en una espera interminable para el demandante, con el consiguiente privilegio para la demandada de un plazo más amplio, a veces sine die para dar cumplimiento a sus deberes procesales, respetando el

principio de igualdad de armas, cuyo incumplimiento da lugar, a nuestro juicio a acudir a la vía

casacional.

Publicado por primera vez en Revista digital del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Boletín Por Derecho. Número 3