[author: Ximena Bustamante]

En países con una tradición jurídica continental europea, resulta muy poco común que las instituciones del Estado se sometan a procedimientos de mediación. Y aún si lo hacen, es poco probable que lleguen a acuerdos vinculantes que pongan fin a sus controversias. Sin embargo, el Ecuador es una excepción, pues desde la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación hasta la fecha se ha podido constatar un importante desarrollo de la mediación en la que interviene una entidad pública. Dos ingredientes se han combinado para hacer posible este desarrollo. Por un lado, una normativa que permite y guía al Estado en la búsqueda de acuerdos para resolver controversias a través de mediación. Por otro, el diseño de un procedimiento que toma en cuenta las particularidades de tener sentados en la mesa de negociación a funcionarios públicos, basándose en los principios de confidencialidad de la mediación y de legalidad del derecho público.

Ecuador tiene amplia experiencia en mediación con el Estado. El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado ha sido testigo de un crecimiento sostenido de este tipo de procedimientos. En el año 2013 recibió 421 solicitudes de mediación en las que intervenía una entidad pública, ya para el año 2019 ese número se acera a las 900 nuevas solicitudes. A estos números se agregan las mediaciones de este tipo que se llevan a cabo en otros centros de mediación del país. Es importante resaltar que en el Ecuador la mediación es voluntaria, por lo que el hecho de que las partes opten por este mecanismo refleja la confianza que ha adquirido la mediación para resolver este tipo de controversias. Así pues, tanto las entidades públicas cuánto sus contrapartes privadas han logrado resolver asuntos enorme de complejidad técnica o jurídica, de cuantías importantes y de interés nacional.