MEDIOS AUDIOVIUALES PUBLICOS. FINANCIACION

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La Ley General de Comunicación, determina que la financiación pública no podrá sostener actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público. En tal sentido la propia Ley define de forma amplísima lo que ha de considerarse dentro de la función de servicio público.

A cambio de esa mano abierta en la cabe todo, la Ley establece que los objetivos generales de la función de servicio público se establecerán normativamente para un periodo de nueve años. Su desarrollo y concreción para todos y cada uno de sus canales, se llevará a cabo para plazos inferiores, mediante la suscripción de los correspondientes contratos programa.

La Ley impone que la gestión de los prestadores de servicio público de comunicación audiovisual de titularidad pública se realice conforme a criterios de transparencia empresarial, imponiendo una serie de obligaciones contables de van mas allá del cumplimiento formal de las obligaciones típicas. Obligaciones cuyo cumplimiento es más exigente, obligando a la compatibilidad con la normativa en materia de competencia cuando se asume un sistema de financiación mixta.

Desde nuestro punto de vista, en esta necesidad de que el sistema de financiación sea compatible con la normativa vigente en materia de competencia está la madre del cordero, puesto que la Ley de Radiodifusión y Televisión Canaria Ley 8/1984, contempla la posibilidad de que tanto la radio como la televisión puedan ser financiadas con publicidad y esa posibilidad obliga también ineludiblemente a la trasparencia, que es la única manera de saber si se sostienen actividades o contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público, como por ejemplo los gastos de comercialización de publicidad, o si se subcotizan precios o se sobrepuja frente a competidores privados.

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