[co-author: Alejandro Bravo]
Fue publicado el Comunicado No. 39 por parte de la Corte Constitucional de Colombia el 23 de noviembre de 2022. Anuncia la futura expedición de la Sentencia C-411 de 2022, la cual declara la inexequibilidad de los delitos de apropiación ilegal de baldíos de la nación y financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación (artículos 337 y 337A del Código Penal) que fueron establecidos en la llamada ley de delitos ambientales (Ley 2111 de 2021).
Frente al particular, se recuerda que los delitos mencionados fueron introducidos por el legislador con el objetivo de sancionar todas aquellas acciones dirigidas a usurpar, ocupar, utilizar, acumular, tolerar, colaborar o permitir la apropiación de baldíos de la nación, sin el lleno de los requisitos legales plasmados en la Ley 160 de 1994, el Decreto 902 de 2017 y las demás normas que vigentes que regulan la adjudicación de bienes baldíos.
De acuerdo con la síntesis de los fundamentos expuestos en el comunicado de la corte, los delitos demandados vulneran el principio de legalidad y de proporcionalidad en materia penal, pues por una parte, 1) no cumplen con el nivel de determinación necesario para ser comprendidos integralmente por quien comete la conducta y, por el otro, 2) no resultan lo suficientemente necesarios para la protección de los bienes baldíos, teniendo en cuenta la desarticulación normativa que existe en el país sobre la materia.
Por tal motivo, afirma la corte que se vulnera el principio de ultima ratio y residualidad del derecho penal, consistente en que solamente se puede acudir a esta jurisdicción cuando hayan fallado los demás controles contemplados en la ley.
Adicionalmente, la corte argumentó que la existencia de los mencionados delitos atenta contra la presunción de inocencia, en tanto invierte la carga de la prueba para efectos de desvirtuar la presunción legal que recae sobre los bienes baldíos, aspecto que resulta excesivo y a la vez desproporcional.
En relación con este punto, se destacan las consideraciones expuestas en el comunicado sobre la aclaración de voto de la magistrada Cristina Schlesinger, en la cual se hace referencia a la desactualización histórica en el sistema nacional de registro que genera incertidumbre sobre el verdadero historial de tradición de un inmueble.
En este contexto, puede considerarse apropiada la decisión de la corte en tanto la ambigüedad de los tipos penales y la falta de técnica legislativa implicaba riesgos relevantes para el desarrollo de cualquier proyecto productivo en el cual la tierra constituye un recurso fundamental. Hoy existe una discusión muy amplia respecto de los efectos legales y la aplicación de las restricciones y prohibiciones a tierras que no tengan claridad sobre su naturaleza o que fueron adjudicadas a lo largo del tiempo bajo diferentes regímenes legales. Es por esto que la creación de este tipo de delitos era una situación que ahondaba la problemática de la seguridad jurídica en materia de tierras. Esta decisión, junto con la decisión emitida en la sentencia SU-288 de 2022, que aún la corte tiene pendiente por publicar, traerá efectos muy importantes para la toma de decisiones al momento de la adquisición predial de diferentes proyectos productivos, incluyendo sectores tan determinantes como el agroindustrial, energías renovables, explotación de recursos naturales, entre otros.
