El nuevo caso de florida facilita las asociaciones público-privadas

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Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida se pronunció en relación con el caso Crapo v. Provident Group-Continuum Properties, LLC, el cual establece una norma que generaría un tratamiento más favorable con respecto a los impuestos sobre la propiedad para las asociaciones público-privadas (public-private partnerships, P3) en Florida. En general, una desventaja económica que enfrentan los proyectos de propiedad privada, en comparación con proyectos públicos, es la imposición de impuestos inmobiliarios, que a menudo se aproximan al dos por ciento del valor sobre la propiedad por año. Si bien existen muchas excepciones, en general, los desarrollos de gestión y propiedad privada están sujetos a impuestos sobre la propiedad, lo cual no ocurre con desarrollos de gestión y propiedad gubernamental. Las P3, que tienen elementos de desarrollos tanto públicos como privados, a menudo operan en un área poco clara en materia legal.

En Provident Group, el tribunal analizó la aplicabilidad de una estructura de P3, donde al socio privado se le asignó la tarea de desarrollar y administrar dormitorios estudiantiles para la Universidad de Florida (UF), conforme a los estándares de la Universidad. El contrato de P3 estipuló que el socio privado sería el propietario de los dormitorios hasta finalizar el plazo contractual, y en dicha instancia los dormitorios serían transferidos a la UF sin costo. Si bien el desarrollador privado era el propietario de los dormitorios durante el período del acuerdo, el tribunal de apelaciones dictaminó que la UF era el propietario en equidad a los fines de los impuestos sobre la propiedad; por lo tanto, los dormitorios no estuvieron sujetos a los impuestos sobre la propiedad. Si bien las P3 a menudo son menos costosas para el público que un proyecto público tradicional, incluso sin un tratamiento impositivo favorable, esta sentencia, en muchos casos, permitirá que las P3 sean incluso una alternativa más atractiva para los gobiernos locales y estatales en Florida que necesiten nuevos servicios e infraestructura públicos.

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