El 2 de diciembre del 2020, la Cámara de Representantes de los EE. UU. aprobó la “
Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry para el año fiscal 2021“. La Ley incluye la DIVISIÓN F (ANTI-LAVADO DE DINERO). Esta División se cita como la “La Ley ALD del 2020”.
Es de importancia el requisito legislativo que las Corporaciones y Compañías de Responsabilidad Limitada (“LLCs”) divulgan a las fuerzas del orden, las instituciones financieras y el Tesoro de los EE. UU., el beneficiario final (“UBO”) que posee y controla una entidad.
El propósito de la Ley ALD del 2020 es:
- mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las agencias encargadas de administrar los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, las agencias que examinan a las instituciones financieras para verificar el cumplimiento de esos requisitos, las agencias federales de aplicación de la ley, las agencias de seguridad nacional, la comunidad de inteligencia e instituciones financieras;
- modernizar las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para adaptar la respuesta del gobierno y del sector privado a las amenazas nuevas y emergentes;
- fomentar la innovación tecnológica y la adopción de nuevas tecnologías por parte de las instituciones financieras para contrarrestar de manera más efectiva el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;
- reforzar que las políticas, los procedimientos y los controles de las instituciones financieras contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se basen en el riesgo;
- establecer requisitos uniformes de presentación de información sobre beneficiarios reales para (A) mejorar la transparencia de las agencias de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley y las instituciones financieras con respecto a las estructuras corporativas y el conocimiento del flujo de fondos ilícitos a través de esas estructuras; (B) desalentar el uso de corporaciones fantasma como herramienta para disfrazar y mover fondos ilícitos; (C) ayudar a las agencias de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley en la persecución de delitos; y (D) proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos; y
- establecer una base de datos segura y no pública en FinCEN para información sobre beneficiarios reales.
Las instituciones financieras deben prepararse para recibir y procesar más información
Los profesionales del cumplimiento se han convertido en una fuente de información regulatoria para las instituciones financieras que enfrentan desafíos cambiantes día a día. Cuando se implemente, la Ley ALD del 2020 debería simplificar las tareas de los profesionales de cumplimiento a través de la divulgación automática de información “UBO” a las partes interesadas.
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