Ya hemos analizado antes la ley de las P3 del estado de Florida, que, a grandes rasgos, autoriza a las firmas privadas a presentar propuestas no solicitadas a las agencias estatales y locales para una amplia variedad de servicios e instalaciones públicas. El concepto detrás de una propuesta no solicitada es muy simple. El sector privado está en constante innovación.  Como resultado, es posible que el gobierno no tenga suficiente información para elaborar una solicitud de propuestas y solicitar ofertas para una solución en particular. Esencialmente, el gobierno no puede solicitar algo que no puede describir. En esas situaciones, el sector privado puede impulsar el proceso presentando una propuesta no solicitada que informe al gobierno sobre su solución innovadora. Por lo general, si al gobierno le agrada la nueva idea, debe realizar un proceso competitivo que permita que otras firmas presenten propuestas alternativas.

Cada jurisdicción tiene sus propios procedimientos para aceptar y procesar las propuestas no solicitadas. Si bien la ley de las P3 de Florida proporciona ciertos procedimientos estándar, cada jurisdicción también puede adoptar procedimientos propios y más específicos. Por ejemplo, el condado de Miami-Dade recientemente adoptó su propio proceso para la aceptación de propuestas no solicitadas. Fuera de Florida, existe una gran diversidad en cuanto a cómo se aceptan y tratan las propuestas no solicitadas. En algunos casos, las propuestas no solicitadas se aceptan solo durante ciertas ventanas de tiempo y para ciertos tipos de proyectos (esencialmente, una solicitud de propuestas no solicitadas). El Departamento de Transporte de Pensilvania utiliza este tipo de procedimiento y recientemente abrió una ventana de presentación para las propuestas no solicitadas. Además, algunas jurisdicciones incentivan la presentación de nuevas ideas al darle al proponente no solicitado puntos adicionales en el proceso competitivo, un derecho de preferencia (a veces llamado un “Desafío suizo”) o al aceptar pagarle al proponente no solicitado sus costos de preparación si el contrato finalmente se otorga a un competidor. Florida no proporciona incentivos de este tipo, pero exime a las propuestas no solicitadas de las leyes de registro público para garantizar que los competidores no puedan robar la idea innovadora al preparar sus propias propuestas competitivas.

Un gobierno debe equilibrar varias políticas públicas al establecer los procedimientos para la aceptación de las propuestas no solicitadas. Como existen varias maneras de equilibrar esas políticas, no es sorprendente que los procedimientos varíen de una jurisdicción a otra. Por un lado, a menudo, las propuestas no solicitadas son muy costosas de producir; para proyectos complejos, el costo fácilmente puede sobrepasar el millón de dólares, y los procedimientos deben tener en cuenta ese gasto. Antes de asumir el gasto que implica preparar una propuesta no solicitada, una firma, por lo general, deseará alguna tranquilidad de que el gobierno realmente se tomará el tiempo para revisar la propuesta y que los competidores no podrán beneficiarse de sus ideas. Por otro lado, es posible que el gobierno desee limitar los recursos que debe gastar para revisar algo que no solicitó, y también debe tomar medidas para garantizar que reciba el beneficio de la competencia abierta. Actualmente, Florida divide la diferencia entre esos objetivos competitivos requiriendo un proceso competitivo, pero protegiendo a la propuesta no solicitada de su divulgación como registro público. Florida también autoriza la presentación de propuestas no solicitadas para cualquier proyecto en cualquier momento, pero requiere que el proponente pague los costos de revisión del gobierno. Hasta ahora, esa estrategia ha dado lugar a la presentación de varias propuestas no solicitadas en todo el estado.