La secretaria de transportes, Elaine Chao, ha informado recientemente al Senado de los EE. UU. que el plan de infraestructuras de 1 billón de dólares se anunciará a finales de mes. Se prevé que el nuevo plan dependerá de las asociaciones público-privadas para salvar la brecha entre el costo de la infraestructura necesaria y el dinero disponible del gobierno.
La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) ha estimado recientemente que, en los próximos 10 años, existirá una brecha de 2 billones de dólares entre los fondos gubernamentales y las inversiones en infraestructura necesarias. Por desgracia, nuestras infraestructuras están en un estado de deterioro muy grave, y los recientes fallos ocurridos en carreteras, puentes y represas obsoletas ponen de manifiesto la necesidad de resolver este problema de inversión, de forma urgente.
Afortunadamente, los inversores privados cuentan con 120 billones de dólares en activos y se encuentran en una búsqueda constante de buenas inversiones a largo plazo, y una asociación público-privada bien estructurada cumple con los requisitos. Aunque una asociación público-privada requiere que el socio privado acepte correr riesgos a costa de las ganancias que prevé obtener –nada es gratis–, estos riesgos pueden mitigarse compartiendo inversiones y supervisando, y advirtiendo de las consecuencias por incumplimiento, a los contratistas privados para garantizar de esta manera que los objetivos se cumplan. En el resultado final ganan todos, tanto el sector público como el privado. El sector público obtiene las inversiones privadas necesarias para construir las infraestructuras que el gobierno no puede solventar, además de un nivel adicional de supervisión. Y en lo que al sector privado respecta, siempre y cuando cumpla con lo prometido, obtendrá una inversión fiable a largo plazo.
Aunque las asociaciones público-privadas a menudo se desestiman por considerarse “privatización”, o se asocian con unos pocos fracasos anteriores, en contraposición a los centenares de éxitos a nivel mundial, es cada vez mayor el reconocimiento, tanto por parte de la derecha como de la izquierda, del beneficio que estas asociaciones pueden comportar. El senador de los EE. UU., Mark Warner, por ejemplo, ha presentado recientemente un proyecto de ley denominado de Construcción y Renovación de Infraestructuras para el Desarrollo y Crecimiento del Empleo (o proyecto de ley BRIDGE, por sus siglas en inglés), que contempla darles un papel más importante a las asociaciones público-privadas a la hora de resolver crisis de infraestructuras.
